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Arrestan a estudiante que planeaba matanza

Notimex

Autoridedes locales frustraron el plan de un alumno que planeaba realizar un tiroteo masivo en la Escuela Secundaria El Camino de Los Angeles.

 

De acuerdo a los primeros reportes, un oficial de seguridad en el campus de la Escuela Secundaria El Camino oyó por casualidad que un estudiante amenazó con disparar en la escuela y alertó a los agentes el viernes pasado, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

 

El joven descontento pretendía realizar un tiroteo en ese plantel de la ciuda de Whittier, a unos 60 kilometros al Este de Los Angeles.

 

Solo 48 horas después de que un joven masacró a 17 estudiantes y maestros en Parkland, Florida, un oficial de seguridad en una escuela secundaria del condado de Los Angeles escuchó la amenaza de manera fortuita.

 

Un estudiante estaba conspirando para crear una carnicería similar en la Escuela Secundaria El Camino en Whittier, dijeron las autoridades. Esa información le permitió al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles evitar otro tiroteo en una escuela, según las autoridades.

 

El jefe del Departamento del Sheriff, Jim McDonnell, tenía programada una conferencia de prensa para discutir el caso la mañana del miércoles, dijeron las autoridades.

 

Los investigadores confiscaron una "colección de armas y evidencia balística" de la casa del estudiante, quien fue descrito como "descontento", dijo el Departamento del Sheriff en una breve declaración.

 

Nicole Nishida, vocera del departamento, dijo que el joven de 17 años está detenido sin derecho a fianza. No se reveló su identidad debido a su edad.

 

El oficial de seguridad de la escuela se dio cuenta de la amenaza el viernes e inmediatamente contactó a los administradores de la escuela, que llamaron al Departamento del Alguacil, según Nishida. El estudiante fue arrestado más tarde ese mismo día.

 

No estaba claro cuándo el alumno planeaba llevar a cabo el ataque. Nishida se negó a decir qué tipo de armas se recuperaron ni a discutir posibles cargos criminales contra el adolescente.

 

Los agentes del orden público de la región han estado en alerta máxima desde que Nikolas Cruz, de 19 años, abrió fuego en los pasillos de Marjory Stoneman Douglas High School, en Florida, el día de San Valentín.

 

Muchos de los muertos eran adolescentes, algunos de tan solo 14 años. Los maestros que intentaron proteger a sus alumnos de los disparos letales también fueron asesinados.

 

En el sur de California, además del supuesto plan de Whittier, la policía de Inglewood se enteró el lunes de que las redes sociales "indicaban que los estudiantes que asistían a una escuela específica de Inglewood corrían el riesgo de ser atacados por un tirador", según un comunicado de prensa.

 

La policía detuvo a la persona detrás del correo original el martes y discutió posibles cargos criminales con la fiscalía del condado de Los Angeles.

 

La policía de Inglewood dijo que mantendrían una mayor presencia en todas las instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Inglewood como resultado.

 

El miércoles por la mañana, el director suplente del Distrito Escolar Unificado de Long Beach, Chris Steinhauser, alertó a los padres de una amenaza no confirmada de que se estaba planeando un ataque en Long Beach Polytechnic High School.

 

"Si bien estos rumores carecen de fundamento, los tomamos en serio y estamos trabajando con las autoridades para investigar activamente", escribió Steinahuser en una advertencia publicada en el sitio web de la escuela.

 

"Verán presencia policial adicional en la escuela hoy. Agradecemos a quienes nos alertaron. Sus alumnos estarán seguros y protegidos en la escuela", indicó.

 

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Río de Janeiro tendrá intervención militar

EFE

El Senado de Brasil aprobó la noche de ayer, con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto del Gobierno que determinó una intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, que pasa a manos del Ejército hasta finales de 2018.

 

Con la aprobación en pleno del Congreso Nacional, ya que la Cámara baja también lo había hecho la víspera por amplia mayoría (340 votos a favor y 72 en contra), la disposición decretada el viernes pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, queda oficializada y desde ya cuenta con aval completo para regir.

 

Tras el primer megaoperativo militar, que comenzó el lunes, los episodios de violencia se repitieron este martes en Río: fue asesinado un sargento del Ejército víctima de un intento de asalto, y en otra acción conjunta, fueron detenidos al menos 11 presuntos delincuentes en una favela de la zona norte.

 

El senador Eduardo Lopes, del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB) y que fue relator del decreto de intervención, defendió la medida y reconoció que la intervención es un acto excepcional que "no puede ser banalizado".

 

Según él, la aprobación del decreto permitirá que se garanticen derechos constitucionales como vida, libertad, seguridad y propiedad.

 

"Sabemos que esta no es (una problemática) exclusiva de Río de Janeiro. Hay altos índices de violencia en otros estados, pero sin duda la situación de Río repercute mucho más, tanto en el país como internacionalmente", enfatizó.

 

El relator también defendió un reajuste de recursos para que el proyecto de intervención federal tenga eficacia.

 

"Si existe un estado de excepción, entonces tenemos que dar todo el empeño y sacrificio necesario para realizar este trabajo", dijo el parlamentario al referirse a la necesidad de ajustar el presupuesto y otorgar más recursos para la medida.

 

La solicitud del relator se unió a la de la diputada Laura Carneiro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y relatora del proyecto en la Cámara de Diputados, quien ayer pidió que el Gobierno central transfiera recursos para que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos.

 

Esta petición fue compartida por los senadores Magno Malta, del Partido de la República (PR), y Lasier Martins, del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), quienes se mostraron a favor del proyecto, pero dejaron ver su preocupación por los recursos limitados para sostener la intervención.

 

La votación de anoche en el Senado comenzó tres horas después de lo programado y aunque fue ágil, estuvo marcada por el rechazo de la oposición a la medida.

 

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, dijo que la intervención no fue planificada ya que "no es papel de las Fuerzas Armadas ejercer funciones de policía".

 

Por su parte, el también senador del PT Humberto Costa reconoció la gravedad del problema de seguridad pública, no solo en Río de Janeiro sino también en otros estados y culpó de esto al presidente Temer, por su falta de acción en esta materia.

 

"El gobierno debió utilizar el factor sorpresa para enfrentar a los bandidos", dijo Costa, para quien la propuesta debería contemplar a todos los estados y no ser apenas una acción de marketing.

 

El senador Lindbergh Farias, también del (PT), criticó los mandatos colectivos de búsqueda y aprehensión que supuestamente serán utilizados durante la vigencia del decreto en Río, que para algunos juristas son inconstitucionales.

 

Sobre el tema, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Torquato Jardim, afirmó hoy que los mandatos no serán colectivos sino que traerán nombres y direcciones de los blancos, conforme lo prevé la Constitución.

 

No obstante, explicó, que esas solicitudes deberán contener varios nombres y múltiples direcciones, debido a la singularidad de las zonas de conflicto, lo que no deja muy clara la diferencia entre estos mandatos y los colectivos.

 

Desde el mismo momento en que fue decretada la medida, esta fue cuestionada por organizaciones humanitarias y analistas que evidenciaron su preocupación por una intervención federal que dará poder al Ejército sobre la seguridad del estado de Río de Janeiro.

 

"(La decisión de Temer) va en la dirección equivocada porque parece indicar una estrategia militarizada frente a los gravísimos problemas de seguridad pública de Río", consideró César Muñoz, vocero de HRW Brasil.