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No hay plan de trabajo por Alerta de Género

Patricia Calvillo

 

Marcado desinterés  por aplicar medidas y estrategias para inhibir la criminalidad contra mujeres, muestran autoridades en los diferentes niveles, no obstante haberse decretado la Alerta de Género para varias localidades de la entidad potosina.

La Presidenta de la Comisión de Atención a las Mujeres, Laura Gama Basarte, admitió esta situación y lamentó que hasta el momento no haya sido convocada a reuniones  de trabajo sobre el tema, lo que abona a acrecentar la desatención para contener  la grave problemática que sigue cobrando víctimas  y vidas de infortunadas.

"Este es un tema muy importante,  como presidenta de la comisión de atención a las mujeres, he solicitado que se trabaje en conjunto en este tema, pero hasta la fecha no tengo conocimiento de nada, y sí me gustaría que nos dieran a conocer este plan de trabajo".

 Señaló que la autoridad no ha realizado ningún tipo de reuniones para dar a conocer acciones  que se van aplicar para el trabajo de la alerta de género, por lo que dijo desconocer qué programas se están llevando a cabo en este tema.

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Abuso policiaco no es a falta de capacitación

Patricia Calvillo

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)  consideró que no debería haber casos de abuso policiaco de ninguna corporación, porque todas las bases operativas en los diversos niveles, reciben constante capacitación, orientación y recomendaciones sobre  su actuación ante la ciudadanía y el manejo de la fuerza y las armas, así como el respeto  a los derechos más elementales de los seres humanos.

El titular de la CEDH, Jorge Andrés López  Espinosa, externó que efectivamente esas fallas no son por falta de capacitación, sin embargo  admitió un alarmante crecimiento en denuncias contra policías, de tal forma que en Septiembre de este año se registraron un total de 41, lo que significa que al menos una diaria por mes es presentada.

Agregó,  el 58.5 por ciento son en contra de ministeriales, 18 corresponden a la Dirección General de la Policía Ministerial y 6 contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

También 2 contra la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), 2 contra Servicios Periciales, 2 contra  Prevención y Reinserción social, 4 contra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal capitalina, 3 contra la de Soledad, 2 contra Villa de Reyes y 2 contra la de Charcas.